Es la mañana del 22 de octubre cuando tengo el placer y la suerte de volver a dirigirme a ustedes, Y lo hago esta vez con una sensación muy desagradable y preocupada por todo los que estamos conociendo en los medios de comunicación de lo que está sucediendo en Cataluña desde hace ya demasiados días.

Saben bien que ni quiero ni debo inmiscuir esta publicación en asuntos políticos, lo vivido –o mejor dicho padecido– por los integrantes de los colectivos policiales en diferentes localidades de esa Comunidad Autónoma me obligan a dirigirme a ellos con el mayor afecto, respeto y agradecimiento, además de desear el más rápido y total restablecimiento de los numerosos heridos.

Que pueda acabar lo antes posible esa situación, deseando al mismo tiempo que se recupere la normalidad, y por supuesto la legalidad en todos los sentidos.

 

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Y abundando en situaciones desagradables, hoy quiero ceder esta página a un comentario publicado por la Asociación Nacional del Arma de España (ANARMA), pues refleja fielmente un gravísimo problema que está afectando a cada vez más ciudadanos españoles, precisamente por la proliferación de asaltos, agresiones y actos delictivos de tremenda y creciente importancia, y por desgracia son muchos los ejemplos. Pero es mejor que lean ustedes directamente el texto al que me refiero.

LA ACTUAL LEGISLACIÓN ES UNA CONDENA A MUERTE PARA MUCHOS CIUDADANOS

Dos ancianos mueren durante un asalto a su domicilio, presentando claros signos de violencia. Cuando una persona es asaltada en su hogar la policía nunca va a estar a menos de 10 minutos, eso en el caso que consiga llamarla, el resultado es que ante un asalto sorpresivo y coordinado quedamos a merced de los criminales. Y aunque la estadística diga que mucho de los inquilinos que sufren asaltos no son asesinados, no hay nada que impida que entremos en esta macabra lotería, sin contar que no tenemos por qué permitir que nuestra propiedad, nuestra vivienda o nuestra vida sea violada o sometida por los delincuentes.

Un ciudadano de Murcia ha sido detenido por defender a su familia, se enfrenta a una consecuencia penal severa, pero eso mucho mejor que morir a manos de un criminal. La actual legislación española es de facto ahora mismo una condena a muerte para muchos ciudadanos cumplidores de la ley, desde ancianos incapaces de defenderse a mujeres víctimas de la violencia doméstica.

Es necesario un cambio de legislación urgente para que estas personas indefensas puedan defenderse con armas de fuego, ya que son precisamente este tipo de armas los grandes igualadores de fuerza para todos aquellos que son débiles y propensos a ser asaltados por crimínales que se aprovechan precisamente de su debilidad para cobardemente cometer esos crímenes.

ANARMA apuesta por la defensa armada sin restricciones, tanto Stand Your Ground para policías, como La Doctrina Del Castillo para todos los ciudadanos de bien.

En todo caso –y me repito desde el otro editorial– resulta vergonzoso que las normas y reglamentos estén planteados de tal forma que la policía no se atreva a defender su vida (y todo lo que con ella estaría defendiendo), como se demostró hace unas semanas al ser casi apuñalada en plena calle una agente del CNP, quien reconoció que no se atrevió a disparar para defenderse por miedo a perder su trabajo. ¿Qué hubiera sucedido si en esta acción se contara con un Taser?. Creo que seguramente el asesino en potencia hubiera sido anulado por la descarga eléctrica y el hecho concluido mediante los grilletes y el traslado a la comisaría. Pero no fue así, y pudo ser mucho peor. Lo curioso, lo indignante, es que las Taser están en uso por varios estamentos policiales en España, seguramente porque sus responsables profesionales y políticos ha comprendido que representan una ventaja, incluso sicológica, para actuar con mayor seguridad y eficacia.

En definitiva: la mejor de las suertes y ¡Buen servicio para todos!

 

Luis Pérez de León 

Director